Por: Iván Morales (@ivancarrera)
Esa necedad de meterme en temas en los que no soy experto, pero me intrigan, me llevó a pensar un poco sobre la minería en Guatemala, especialmente desde el punto de vista de los proyectos existentes.
La clave es partir entendiendo que los proyectos mineros en Guatemala son de tipo marginal, es decir, más riesgosos, con interés principalmente de empresas extranjeras pequeñas y medianas sin tanta experiencia en el rubro (quizá siendo Goldcorp la excepción, como me hizo notar Phil Neff) .
Los que vienen son capitales que apuestan a buenos retornos a cambio de asumir un grado importante de riesgo, que trabajan bajo un marco institucional/legal bastante débil y opaco, y de permanentes brotes de conflictividad social.
Es decir, aquí en Guatemala no vienen a invertir una BHP Billiton, una Xstrata.
El hecho de que éstos proyectos sean marginales implica también que una vez la situación del mercado cambia, son los primeros proyectos en ser paralizados.
Discutiendo algunas de éstas ideas con Mike Allison, me hizo ver que la actividad de exploración minera aumentó fuertemente durante éste gobierno, no obstante la explotación ha sido bastante limitada.
El más reciente catastro minero refleja parcialmente esta asimetría existente (los cuadrantes rojos son las áreas donde existe actividad de exploración, los verdes donde existe explotación):
Por otro lado, revisando los datos de crecimiento del PIB de Guatemala para el primer trimestre, me llamó la atención que la minería mostraba una fuerte contracción en su actividad, a diferencia del resto de categorías.
Pero si se piensa bien, tiene mucho sentido dada la negativa situación del mercado de los commodities, especialmente en los precios de los metales, que siguen registrando fuertes ajustes a la baja.
Las exploraciones difícilmente van a transformarse en explotaciones en un entorno en el cual la balanza se ha inclinado hacia los riesgos, que parecen superar los posibles retornos.
En ese escenario, la moratoria a las licencias mineras viene en un momento en que redunda. El capital minero (o al menos gran parte) va de salida y el efecto debería ser casi nulo en esa coyuntura.
Pero tiene el valor político de poder ganar algún tipo de tracción con los grupos ambientales y comunitarios que han estado en fuerte oposición a la minería. (Es más inclusive podría ser un intento por controlar la oferta de licencias, que había estado creciendo de forma muy acelerada, para mantener el precio).
La administración de Álvaro Colom mantuvo relativamente estable el crecimiento de la minería negando permisos (bastante silenciosamente por cierto), y ahora OPM se suma con una medida más bien aparatosa.
En ninguno de los casos existe un referente claro; la pregunta de fondo que sigue ausente, dentro de ese inexistente proyecto de nación, es si la minería debiese ser o no una industria clave para el desarrollo de nuestro país.
Nuestra geografía no es la de un Chile, un Perú, una Australia; la minería necesariamente debe convivir de forma cercana con poblaciones, comunidades, y los costos que impone la explotación minera son amplios.
Si esa ventaja comparativa no nos es natural, cabe preguntarse si un crecimiento a gran escala de la minería es algo a lo que debiésemos aspirar.
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