¿El talón de Aquiles?

Por: Alejandra Méndez

A poco más de los Cien días de gobierno de Otto Pérez Molina, los temas principales que ocuparon la opinión pública fueron la aprobación de la Reforma Tributaria y la propuesta de Despenalización que sacudió a la diplomacia norteamericana. El presidente salió bien librado de la evaluación a su gestión en los primeros cien días, el 76% de la población tenía una percepción favorable de su persona, se identificaban avances en el tema de seguridad y aunque la percepción respecto a la situación económica del país fue negativa, más de la tercera parte de la población sentía que el gobierno se encaminaba por el rumbo correcto.

Hasta el 30 de abril, las cosas parecían ir bien para el presidente y su gabinete. “Sin mayor novedad, mi General” reportarían sus subalternos. Aun la interpelación al ministro de Finanzas y el cortinazo de su renuncia, no representaron mayor amenaza para la gobernabilidad y la propuesta de despenalización tuvo más efectos positivos en cuanto a la opinión del presidente que los anticuerpos que generó en diferentes sectores de la sociedad. Sin embargo, en el transcurso de las últimas semanas se ha ido perfilando una temática que no es nueva y que al parecer se está convirtiendo en el posible talón de Aquiles de este gobierno: La conflictividad social por el rechazo hacia la minería e hidroeléctricas y la etiqueta de la remilitarización.

La problemática respecto a la explotación minera y en general el rechazo a los proyectos de exploración, explotación de recursos minerales y de producción de energía a partir de hidroeléctricas no es un hecho aislado en Guatemala, desde hace algunos años el descontento y rechazo es un factor común en Latinoamérica.

Con el fin de la Guerra Fría la izquierda latinoamericana quedó resagada en su discurso, la década de los noventa vislumbraba un panorama de apertura democrática y de inclusión a esas facciones ideológicamente opuestas y de una ventana de oportunidad hacia la participación ciudadana de manera legítima sin la máscara de la clandestinidad. Sin embargo, lejos de consolidarse como nuevos actores en metas claras y objetivos definidos, ciertas facciones de la izquierda militante durante las décadas de los sesenta a los ochenta pasaron a ser parte de la estructura y de los mismo estamentos que buscaban su porcentaje de beneficios, traducidos en derechos y privilegios. En casos muy aislados, la vieja izquierda logró consolidarse en proyectos políticos formales, como en El Salvador y Nicaragua pero en el caso de Guatemala, los logros y participación política de la URNG junto con otros partidos políticos de izquierda han sido mínimos por no decir nulos. Esto tiene importantes implicaciones, en primer lugar se identifica una abandono y desinterés por los compromisos “ideológicos” adquiridos y manifestados por ex lideres del movimiento insurgente con las causas sociales y económicas los cuales fueron sustituidos por la prevalencia de los intereses particulares de cuotas de poder y beneficios económicos. En segundo lugar, las facciones que quedaron excluidas de las estructuras políticas formales, se movilizaron hacia otro segmento de actores de influencia e ingerencia: las ONG´s y las agencias internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos pero con una nueva temática : la defensa del medio ambiente adecuada a una visión indigenista. Se consolida de esta manera un nuevo árbitro que define las buenas y malas políticas en el país: la comunidad internacional, materializada inicialmente por la MINUGUA y seguida por la proliferación de organizaciones no gubernamentales con financiamiento extranjero que adoptaron el discurso y la causa campesina, el resarcimiento y la defensa de los ‘derechos’ de los pueblos indígenas, encontrando en el Convenio 169 el marco legal de referencia.

La nueva corriente indigenista, campesinista y medioambientalista se apuntaló con el discurso del “socialismo del siglo XXI” impulsado por Hugo Chávez en Venezuela a finales de los noventa y el posterior triunfo de Evo Morales en Bolivia. El giro hacia la izquierda en latinoamérica se termino de definir con las elecciones en Ecuador, Brasil, Argentina, Nicaragua y El Salvador en la década del dos mil por mencionar algunos ejemplos. El caso de Bolivia es importante pues los orígenes de Evo en las filas sindicalistas y su discurso indigenista, fortalecía el discurso de dichas organizaciones pro indigenistas y ambientalistas. Para 2009 Evo contaba con más del 80% de apoyo, la consigna era clara: el rechazo hacia los megaproyectos en manos de inversión privada y extranjera y la necesaria nacionalización de los mismos. Iniciaron entonces las expropiaciones en el continente.

Las ONG’s un actor importante

La presencia de financiamiento extranjero a diferentes organizaciones no es un descubrimiento nuevo, desde la época del conflicto armado distintas organizaciones internacionales financiaban proyectos en pro de los derechos humanos y no se descarta el financiamiento hacia grupos rebeldes no solo en Guatemala sino en toda Latinoamerica. El evento que marcó el inicio para la incursión del capital extranjero a este tipo de activismo fue el terremoto en febrero de 1976. Decenas de instituciones humanitarias otorgaron fondos por medio de la Iglesia Católica, para ayudar a los damnificados principalmente en el área rural, el desastre provocado por el terremoto puso en evidencia la precaria situación en la que vivía la población en el interior del país. Sin mayor control en el uso de los fondos asignados, los vinculos de la dirigencia insurgente con personajes claves en Europa, México e incluso algunas universidades norteamericanas, aprovecharon la ayuda internacional, con o sin su consentimiento para financiar actividades insurgentes. La compra de armamento irónicamente se hacía con traficantes en Estados Unidos, de Texas y Los Angeles y era comprado con dólares americanos.

Estos nexos entre la dirigencia insurgente y los activistas extranjeros constituyeron con el correr del tiempo en una “elite” filatrópica, académica, militante y activista portavoz de los más necesitados y de aquellos que habían sido olvidados por el “Estado asesino y explotador”. De aquí podemos deducir dos importantes elementos, el primero es este nuevo rol como los embajadores de los pueblos olvidados ante universidades, foros, congresos y demás reuniones de cocktail, el discurso cumplía una sola función: apelar a la solidaridad de europeos socialdemócratas y simpatizantes con la causa y obtener dinero, que bien era “donado” a las comunidades desplazadas o “desviado” para la causa guerrillera, en el trasfondo del discurso se legitimaba la acción insurgente demostrando la precaria situación en la que vivía la mayor parte de la población, la “lucha era justificada”. Por lo tanto, el razonamiento no podía sustentarse sin la crítica y denuncia sobre los abusos del Estado y específicamente el Ejército contra la población. El segundo elemento: lo constituye el discurso fundamentado en la crítica contra la autoridad del Estado y la “necesidad” de defender los derechos de los desprotegidos.
La ofensiva militar durante los ochenta derivó en un crecimiento en el activismo de las organizacione que concentraron su actuar en las áreas de población desplazada. Ya no fue solo la Iglesia Católica sino también la iglesia cristiana que sirvió de vehículo mediador en las comunidades.

A mi punto de vista, esta dinámica se desarrolla en primer lugar, en el marco del resabio que aun guardan los países europeos de su pasado colonialista y paternalista que desde ese momento y hasta ahora se manifiesta en los millonarios presupuestos asignados para proyectos en países en desarrollo. En segundo lugar con la corriente legalista que adopta el discurso de los Derechos Humanos. De esta forma, hacia inicios de los noventa, la élite “intelectual y militante” de la década anterior se consolidó en una elite burocrática y tecnócrata, la punta de lanza fue en1992 con el retorno de los desplazados provenientes del sur de México, es ahí cuando figuras claves como Alvaro Colom, al frente de FONAPAZ, entran a participar como agentes canalizadores de la ayuda para la compra de fincas para los refugiados en Chiapas. Por último se suma un elemento más y es el impulso de los movimientos políticos ecologistas y socialdemócratas europeos de expandir sus horizontes hacia latinoamerica.

La firma de los Acuerdos de Paz en 1996 abrió esa ventana de oportunidades donde sin mayor fiscalización y control las organizaciones no gubernamentales se convirtieron en los vehículos e instrumentos idóneos para “llevar desarrollo” a las comunidades víctimas del enfrentamiento, pero también, en herramientas claves para desarrollar una capacidad de organización y control del poder local, la legitimidad provino del dinero de la ayuda internacional. Había demasiada pobreza para autofinanciarse y el Estado de Guatemala continuaba siendo incapaz de proporcionar a las comunidades los fondos necesarios para su desarrollo. Tenían los fondos, tenían el discurso y tenían la masa crítica frustrada por no haberse alcanzando los objetivos planteados al inicio del enfrentamiento: los problemas de fondo seguían existiendo pese a la firma de la paz.

(Continuará)

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